Primera señal: Cumplimiento de acuerdos

Antecedentes

Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena se firmaron el 16 de febrero de 1996 en el pueblo tzotzil de San Andrés entre el gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN. Son fruto de meses de debate y negociación entre los zapatistas, el gobierno y un gran número de intelectuales, organizaciones sociales y representantes de la mayoría de las 56 etnias de México. Miles de personas participaron en los encuentros de San Andrés, aportando su conocimiento, sus opiniones o simplemente haciendo presente su voluntad de la paz.

En septiembre de ese mismo año, el EZLN abandonó la mesa del diálogo porque el gobierno se negaba a cumplir su compromiso de elevar los acuerdos a nivel constitucional.

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los 4 partidos políticos con representación parlamentaria, elaboró una propuesta de ley para llevar a la Constitución Mexicana los Acuerdos de San Andrés. Esta propuesta fue aceptada por el EZLN y rechazada por el entonces presidente Zedillo, por lo que los Acuerdos de San Andrés siguen incumplidos hasta hoy.

El 21 de marzo de 1999, el EZLN realiza una consulta nacional e internacional sobre la validez de los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de ley de la Cocopa. Alrededor de 3 millones de mexicanos participan manifestando su  voluntad de hacer cumplir ese compromiso al gobierno. Para promover la Consulta por los Derechos Indígenas, unos 5 mil hombres y mujeres bases de apoyo zapatistas salen de sus comunidades y acuden a cada uno de los municipios del país, en un esfuerzo sin precedentes organizado por la sociedad civil y los zapatistas.

La ley indígena

El presidente Vicente Fox hizo suya la Iniciativa de Reformas Constitucionales de la Cocopa y la envió al Congreso de la Unión el 5 de diciembre de 2000.

El 25 de abril del 2001, fue aprobado por voto unánime en el Senado un dictamen de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena supuestamente basado en la propuesta de la Cocopa.

Tres días después este mismo dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con el aval de 386 diputados (60 votaron en contra). Sin embargo, esta nueva "ley indígena" no representa siquiera una lejana aproximación a la propuesta de la Cocopa, la cual sí retoma en lo fundamental lo acordado en San Andrés.

La reforma aprobada por el Congreso fue redactada por miembros de los tres principales partidos políticos en el Senado con espaldas al movimiento indígena nacional. Su objetivo fue mutilar la propuesta de la Cocopa, y con ello renegociar unilateralmente los Acuerdos de San Andrés.

El EZLN emitió su respuesta al dictamen el día 29 de abril:

"La reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN, ni de la Sociedad Civil nacional e internacional...

"Dicha reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, la llamada 'iniciativa de ley de la Cocopa' en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros. La reforma no hace sino impedir el ejercicio de los derechos indígenas, y representa una grave ofensa a los pueblos indios, a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública, pues desprecia la movilización y el consenso sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos tiempos.

"El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. No retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no respeta la "iniciativa de ley de la Cocopa", ignora por completo la demanda nacional e internacional de reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, sabotea el incipiente proceso de acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, traiciona las esperanzas de una soución negociada de la guerra en Chiapas, y revela el divorcio total de la clase política respecto de las demandas populares...."

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Situación actual

La "ley indígena" aprobada por el Congreso tenía que ser ratificada por 16 congresos locales para llegar a la Constitución.

Hasta ahora, son 17 los estados que han ratificado esta contrareforma: Veracruz, Puebla, Colima, Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Sonora, Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco, Michoacán y Nayarit.

Los estados que dignamente rechazaron este intento de prohibir los derechos a los pueblos indígenas son: Oaxaca, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Morelos, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México.

Después de dos semanas de espera, el presidente Vicente Fox aprobó la ratificación de las reformas, sin importar las opiniones de juristas destacados y otros especialistas, quienes señalaron que el proceso de ratificación en muchos estados fue llevado a cabo de manera anticonstitucional.